José Bono mantiene la escolta y la seguridad de su domicilio a cargo del erario público, pese a llevar cinco años fuera de la política

La escolta y seguridad por parte de las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a altos cargos públicos se mantiene unos seis meses después de que estos abandonen su puesto, prolongándose en algunos casos hasta un año y medio. El caso de José Bono, sin ser excepcional, es uno de los que ha superado ampliamente este margen de tiempo, pues aunque el próximo mes de septiembre se cumplen cinco años desde que abandonara su carrera política, sigue manteniendo su seguridad a cargo de la Guardia Civil.

Como consecuencia de la crisis, el número de agentes de la Guardia Civil se ha visto muy reducido al no existir apenas plazas en las promociones de los últimos años. Solamente en el periodo 2010-2012 la provincia de Toledo, donde tiene su domicilio José Bono, la guardia Civil perdió 50 efectivos. Este dato lo conocemos gracias a la respuesta a una pregunta parlamentaria realizada en 2014.  Aunque no tenemos datos concretos, desde 2012 a la actualidad, la cifra debe ser notablemente mayor.

Esto es algo que percibe muy de cerca la sociedad de las zonas rurales de Toledo bajo competencia de la Guardia Civil. De este modo, mientras los ciudadanos ven mermada de forma importante su propia seguridad, cargos políticos  como el ex presidente del Congreso,  deben de  pagarse, si es que la necesita,  su propia seguridad privada, y no seguir  manteniendo el privilegio de que sea el erario público quien se encargue de ello.

A esta injusta situación, hay que añadirle las pésimas condiciones que soportan los propios guardias civiles que prestan servicio en el domicilio del señor Bono, ya que sufren por parte de este y del Ministerio del Interior. Y es que en la desvencijada garita donde se presta el servicio no existe ni un mal frigorífico para, al menos tener agua fresca y, no sabemos si para ahorrar como siempre a costa del eslabón más frágil, en fechas recientes se ha desmontado el aire acondicionado que había instalado, algo que con la llegada de las altas temperaturas, además de ir en contra de la propia Ley de riesgos Laborales de aplicación en la Guardia Civil, supone un auténtico desprecio hacia la dignidad de los agentes que cuidan de la seguridad de este privilegiado expolítico.

Desde AUGC vamos a denunciar esta situación en todos los ámbitos a nuestro alcance para que los efectivos que se sustraen de la seguridad pública para dedicarlo a la seguridad del domicilio del Señor José Bono pasen a trabajar para la sociedad a la que se deben y no se siga manteniendo una situación de privilegio que ya debiera haber caducado hace mucho tiempo.

 

Con más de 30.000 afiliados, AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe).

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