La Guardia Civil detiene a 12 personas en diez provincias en una operación contra la corrupción municipal

AGENCIAS La Guardia Civil ha detenido este martes a 12 personas y ha registrado o requerido información en 23 ayuntamientos en diez provincias de toda España, en el marco de la Operación Termyca, una macrooperación contra la corrupción municipal iniciada por la adjudicación de diferentes contratos a la consultora Efial y, posteriormente, a CGI (Control de Gestión de Ingresos).
La Guardia Civil detiene a 12 personas en diez provincias en una operación contra la corrupción municipal
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Esta operación se desarrolla en las cuatro provincias catalanas, además de en Castellón, Palma, Huelva, Granada, Madrid y Guadalajara, según ha informado la Guardia Civil. Se investigan delitos de blanqueo de capitales, malversación de fondos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios de concursos y subastas públicas, fraude e infidelidad en la custodia de documentos.

Se están practicando simultáneamente 48 entradas y registros: 14 en domicilios, siete en despachos profesionales, 12 en sociedades mercantiles, siete en entidades públicas y ocho en los Ayuntamientos de Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra y Chinchón, en la provincia de Madrid; Trillo (Guadalajara); y Tortosa, Ascó, Vandellós y L’Ametlla de Mar, en Tarragona. Además, se han hecho 16 requerimientos de información en ayuntamientos y organismos públicos, la mayoría catalanes.

Entre ellos, la Guardia Civil ha enviado un requerimiento al Ayuntamiento de Girona, que gobernaba Carles Puigdemont desde 2011 hasta que fue investido presidente de la Generalitat en 2016.

La operación está coordinada por la Fiscalía Anticorrupción -en Madrid y Cataluña-, que ha solicitado al Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona) que se practiquen estas diligencias, que tuvieron inicio en las denuncias de concejales de varios de los consistorios afectados.

Dos exalcaldes, entre los detenidos

Entre los detenidos por la Guardia Civil se encuentran el exalcalde de Anglès (Girona) Josep Manel Bassols, exdirector de campaña en las municipales de 2011 del actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y que ya fue arrestado en la investigación del caso de 3% sobre la presunta financiación irregular de CDC, y el exalcalde de L’Ametlla de Mar Andre Martí (CDC).

También ha sido arrestado el presidente de Efial, Toni Martos, al que los investigadores sitúan en el centro de la trama, informa Europa Press, así como a responsables de la consultora CGI, que absorbió a Efial hace meses y que supuestamente ha extendido los métodos irregulares a otros ayuntamientos del resto de España.

Entre los detenidos figuran asimismo dos funcionarios municipales y ocho empresarios, entre ellos los citados responsables de Efial y CGI, por su supuesta vinculación a la red.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a estas personas de alterar concursos y subastas públicas, al tiempo que se les acusa de blanqueo de capitales y cohecho, entre otros delitos.

La Oficina Antifraude de Cataluña abrió investigaciones en Girona

Paralelamente, según las fuentes consultadas por Efe, la Guardia Civil tiene previsto acudir a la sede de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) para solicitar información sobre investigaciones que tienen abiertas sobre la contratación municipal.

Antifraude mantiene abierta desde hace meses una investigación sobre los contratos de servicios encargados por el Ayuntamiento de Girona entre los años 2011 y 2015, durante la etapa en la que su alcalde era Carles Puigdemont.

Esta investigación se inició cuando Antifraude aún estaba dirigida por Daniel de Alfonso, quien fue destituido la semana pasada por el Parlament después de desvelarse conversaciones suyas con el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en las que buscaban datos incriminatorios contra los partidos soberanistas catalanes.

Estructuras paralelas para desviar fondos

La Operación Termyca es una pieza separada del caso Efial, iniciado en junio de 2014 en el Ayuntamiento de Torredembarra a raíz de la denuncia de un concejal de ERC, y que desembocó en una de sus ramificaciones en el caso del 3%, el cual originó el año pasado el registro de la sede de CDC y la fundación CatDem.

El origen de esta macrooperación está en la relación de Efial con numerosos ayuntamientos de Tarragona gobernados en su mayoría por CDC. Según los investigadores, esta consultora especializada en administración pública ofrecía a ayuntamientos catalanes -la mayoría gobernados por CDC- servicios para mejorar su gestión y optimizar las cuentas y aprovechaba supuestamente el menor control público a las entidades públicas empresariales locales para desviar fondos. 

La investigación, según ha informado la Fiscalía Anticorrupción, ha desvelado la existencia de una operación financiera mediante la cual Efial creó un entramado para extender la actividad delictiva más allá de los consistorios catalanes. Esto se llevó a cabo en una segunda etapa en la que la consultora pasó a llamarse CGI.

Los detenidos se sirvieron de la asesoría de esta consultora para “evitar la labor supervisora del secretario e interventor municipales”, ha detallado el Ministerio Público.

A lo largo de las pesquisas se ha detectado la creación de la figura “instrumental y ficticia”, según Anticorrupción, de sociedades públicas locales carentes de actividad específica, “creando un entramado fraudulento por el cual se desviaban fondos públicos de ayuntamientos a la citada entidad pública, y de esta a la sociedad mercantil privada”.

En concreto, la Guardia Civil cree que la trama se valía de estructuras paralelas creadas en los mismos consistorios para desviar ese dinero a Andorra a través de “complejas operativas mercantiles”.

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