Fuster lamenta que Granel plagie la radicalidad de Podemos y recurra al engaño para ocultar que dejó a 18 familias de Burriana sin empleo

Acta 16 junio 2016 comisión Participación
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El portavoz explica que Diputación convoca becas de formación para pueblos de menos de 20.000 habitantes, mientras el Consell, único competente, dedica 0 euros

Burriana, 21 de junio de 2016: El grupo municipal del Partido Popular en Burriana ha lamentado que, una vez más, el líder de Compromís en la ciudad, Vicent Granel, recurra a la radicalidad de su socio, Podemos, para justificar a base de mentiras su incapacidad de gestión que en 2015 provocó que 18 familias de Burriana se quedaran sin empleo.

El pasado 16 de junio, en el seno de la comisión de Participación Ciudadana, el primer teniente de alcalde interpeló al portavoz del PP sobre la decisión de la Diputación Provincial de ofertar becas para estudiantes a municipios con menos de 20.000 habitantes. Juan Fuster, en su intervención, tal y como recoge el acta de la sesión, explicó que se orientaba a estos municipios puesto que son “los que tienen más necesidad”.

Sin embargo, Granel no ha dudado en mentir para maquillar que mientras su gestión lleva a Burriana a la más absoluta inanición, instituciones como el Gobierno Provincial, sin tener competencia en la materia, son las que convocan becas para los estudiantes. “Echamos en falta que el primer teniente de alcalde, que con sus votos ha dado la alcaldía al PSPV y el taxi a Podemos, no reivindique con el mismo ahínco una línea de becas a su presidente Ximo Puig”.

“Queremos inversión, desarrollo y crecimiento para Burriana, pero en primer lugar de la única administración que tiene competencias para hacerlo, de la Generalitat Valenciana, para que sea ejemplo y modelo para el resto”, ha considerado el portavoz del PP. “Quizás a Granel hacer este tipo de demanda le cuesta un poco más, no ya porque gracias al PSPV él es hoy primer teniente de alcalde, sino porque si ha sido incapaz de ofrecer a nuestros vecinos una sola oferta de empleo público, suponemos que ofertar becas de formación se le debe antojar un imposible”, ha señalado el regidor.

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Familias y docentes piden ‪#‎salvemosconcertada‬ y la dimisión del conseller

 

Familias, profesores y otros colectivos educativos han reclamado hoy “salvar” la escuela concertada y han pedido la dimisión del conseller de Educación, Vicent Marzà, en una multitudinaria concentración en la plaza de la Virgen de Valencia que se ha caracterizado por su ambiente festivo y reivindicativo.

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Los asistentes a la concentración, convocada por Escuelas Católicas y la Fundación San Vicente Mártir Colegios Diocesanos en defensa de la libertad de elección de centro escolar, han llenado la plaza de la Virgen durante una hora, donde se han mostrado carteles “por la libertad e igualdad” en la educación.

Familias, profesores y diferentes colectivos educativos han reclamado este domingo “salvar” la escuela concertada y han pedido la dimisión del conseller de Educación, Vicent Marzà, en una multitudinaria concentración en la plaza de la Virgen de Valencia que se ha caracterizado por su ambiente festivo y reivindicativo.

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Los asistentes a la concentración, convocada por Escuelas Católicas y la Fundación San Vicente Mártir Colegios Diocesanos en defensa de la libertad de elección de centro escolar, han llenado la plaza de la Virgen durante una hora, donde se han mostrado carteles “por la libertad e igualdad” en la educación.

En uno de ellos se exponía una imagen del conseller de Educación boca abajo, como “represor de la concertada”, y en una pancarta se leía: “President, si gobierna Compromís, no nos sirves”.

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En la concentración han participado entidades como Feceval y Concapa, los sindicatos FSIE y USO, el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, y representantes políticos del PP, como el europarlamentario Esteban González Pons y la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, y de Ciudadanos, como su portavoz en la Comunitat Valenciana, Fernando Giner.

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Según los organizadores, más de 40.000 personas han asistido a la concentración, que ha recibido “20 autobuses de Alicante, seis de Castellón y gente de Murcia”, y que ha estado animada por los pasodobles de una banda de músicos voluntarios de la concertada.

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18 aulas menos en centros concertados

La presidenta de Escuelas Católicas, Vicenta Rodríguez, ha explicado a los manifestantes que el próximo curso habrá 18 aulas menos en centros concertados y más de una veintena que no se han concertado a pesar de tener la ratio suficiente.

Ha asegurado que la red pública de centros, la concertada y la privada “pueden y deben convivir”, porque la educación y la libertad de enseñanza es un derecho recogido en el artículo 27 de la Constitución Española.

Según Rodríguez, en la Comunitat Valenciana hay 290.000 alumnos de escuela concertada, y cada uno de ellos “le cuesta la mitad” al Estado, y ahorra más de 6.000 millones anuales al Gobierno.

Ha ofrecido la experiencia de la educación concertada, “pionera en extender la educación a colectivos excluidos, en épocas convulsas”, para un pacto educativo “buscando el único bien de la educación”.

El presidente nacional de Escuelas Católicas, José María Alvira, ha recordado a la sociedad y especialmente a la Administración que la sociedad es “plural, democrática” y en ella “caben todos los proyectos educativos”.

La presidenta de Concapa, Julia Llopis, ha leído un manifiesto de los padres por la libertad de educación, en el que ha destacado la labor social de la concertada, un tipo de educación, ha dicho, que atiende a “familias necesitadas”, de calidad y a la que asisten alumnos de familias “humildes y trabajadoras”.

Respaldo del PP y Ciudadanos

Isabel Bonig ha afirmado que “no se trata de confrontar un modelo, la pública contra la concertada”, sino que “se trata de respetar el artículo 27 de la Constitución que da derecho a los padres a elegir libremente el tipo de educación” de sus hijos, ha manifestado.

La popular ha indicado que este modelo fue impulsado por el PSOE en 1984 y que “a lo largo de estos años se ha ido mejorando y dando una educación de calidad”. Asimismo, ha destacado que el PP “apoya a la concertada y a la pública; queremos igualdad de oportunidades para todos, estudien en pública o concertada. Hay que gobernar para todos”.

Dar “la espalda” a los padres

“Después de esto viene el tema de inmersión lingüística, cuando los valencianos siempre hemos convivido con las dos lenguas cooficiales y hoy se manifiestan también colegios cien por cien públicos, donde el PP implantó el plurilingüismo que el señor Puig y la señora Oltra han quitado como es el caso de Alzira”, ha indicado en referencia a un colegio que no ha precisado.

Por su parte, el portavoz autonómico de Ciudadanos, Fernando Giner, que también ha asistido, ha asegurado que el Consell “debe velar porque nuestros hijos reciban una educación pública, gratuita y de calidad, pero no de espaldas a los padres, como está haciendo Marzà”.

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La Conselleria de Vivienda adjudica dos viviendas en régimen de alquiler social a familias de Mutxamel

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La Conselleria de Viviendas, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha adjudicado dos viviendas en régimen de alquiler social a familias con escasos recursos de Mutxamel.

La directora general de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), Blanca Marín, se ha reunido con la concejal de Acción Social de Mutxamel, Ana Rebelles, para analizar la situación del parque público de viviendas en el municipio y asistir a la cesión de las viviendas.

Se trata de familias que residían en inmuebles que no cumplían las mínimas condiciones de habitabilidad. Ahora, tras la reparación de estas dos viviendas por parte de la Conselleria, han podido acceder a una casa a través de un alquiler social, adaptado a su situación socioeconómica.

En el encuentro, Marín ha anunciado que en breve se adjudicará otra vivienda social en Mutxamel, por lo que se ha revisado el listado de demandantes de viviendas del municipio para valorar la familia a la que se le asignará.

La Conselleria ha invertido un total de 23.211 euros en la reparación de las dos viviendas que hoy se han adjudicado, más la tercera que se cederá en breve.

A finales del pasado año, la Conselleria ya cedió otras dos viviendas sociales a familias con trabajos ocasionales que únicamente podían acceder a una vivienda a través de un alquiler social en viviendas del parque público de la Generalitat.

Por otra parte, dentro del programa de normalización de los grupos de vivienda pública, la Conselleria, en colaboración con el Ayuntamiento de Mutxamel, organizó una reunión informativa con los vecinos para explicarles las nuevas medidas aplicadas por el Consell para flexibilizar el pago de sus alquileres.

Se trata de una campaña que la Conselleria promueve a través de EIGE, cuyos técnicos, acompañados por los servicios sociales municipales, visitan aquellos municipios en los que dispone de viviendas sociales.

En la reunión, se detallaron las bonificaciones a las que pueden acogerse los vecinos, teniendo en cuenta su situación socioeconómica y adecuando el coste del alquiler a su capacidad adquisitiva. Estas bonificaciones pueden alcanzar hasta el 90%.

En el caso de los vecinos morosos, la Conselleria estudia caso por caso la deuda de las familias para facilitar su pago. En este sentido, se les propone un acta de reconocimiento de deuda que les permita pagar una cantidad que sea asumible por los ingresos familiares, sin tener que renunciar a sus necesidades básicas vitales.

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Zurich y Telefónica lanzan un seguro para proteger la vida digital de las familias

Zurich Seguros y Telefónica Seguros han lazando “la primera solución del mercado” que ofrece a toda la familia protección integral frente a los riesgos de la era digital, un paquete de protección ‘online’ que incluye servicios digitales y coberturas de protección jurídica a quienes puedan sufrir ciberacoso o robo de identidad digital de forma fraudulenta.
LA VOZ LIBRE

El PP pide a Safont que informe a las familias para evitar el “caos” en la escolarización que puede provocar el “colapso” de los colegios

El PP pide a Safont que informe a las familias para evitar el “caos” en la escolarización que puede provocar el “colapso” de los colegios

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Montagut (PP) señala que los cambios impuestos por Marzà (Compromís) afectan directamente a miles de vecinos de Burriana que temen no optar al centro deseado

Burriana, 28 de abril de 2016: El grupo municipal del Partido Popular en Burriana ha pedido a la alcaldesa socialista de la ciudad, también diputada provincial en Castellón, a que se vuelque en “informar a las familias para evitar el caos en la escolarización que puede provocar el cambio de criterios impuesto por la Conselleria de Educación que dirige Compromís”.

Tal y como ha explicado la edil del PP en la ciudad, Ana Montagut, “la semana pasada se publicaron las órdenes que regulan los criterios de admisión a centros y ayer se decidió que nuestra ciudad continúe siendo zona única”. Este nuevo escenario “marcado por el cambio de criterio y la cruzada abierta por Compromís, con el respaldo del PSPV, contra la concertada afecta directamente al mapa escolar de nuestra ciudad, en el que más del 50% del alumnado se encuentra matriculado en colegios de este régimen”.

Desde el Partido Popular piden a Safont “cordura” para que las familias “tengan completa información” que evite las tensiones “que ya muchos ciudadanos nos han transmitido fruto de la nueva política que Compromís, con el apoyo de Ximo Puig (PSPV), está aplicando en materia educativa”.

“Creemos que una decisión tan importante como la elección de un centro debe gestionarse con sensibilidad y con una asesoría adecuada, la que debe facilitar el consistorio, que por otro lado no puede abandonar a los centros educativos a su suerte cediéndoles un volumen de trabajo que debe generar el colapso que los propios profesionales ya han advertido”.

En este sentido, desde el grupo municipal del Partido Popular “reclamamos a quienes han provocado esta situación de tensión y desconcierto a ayudar a todos los vecinos que este año deben elegir por vez primera el centro educativo en el que escolarizar a sus hijos. Esta no es una decisión baladí”, ha considerado Montagut.

Este artículo es un contenido original de Valencia noticias

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La Conselleria de Vivienda ya ha rehabilitado y adjudicado en toda la Comunitat 123 viviendas sociales destinadas a familias con escasos recursos

Valencia Noticias | Redacción.- Desde el inicio de la legislatura, la nueva Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ya ha rehabilitado y adjudicado en la Comunitat un total de 123 viviendas en régimen de alquiler social a familias con escasos recursos.

Estos datos demuestran el compromiso y el esfuerzo inversor que desde la Generalitat se está realizando para ofrecer el máximo número de viviendas a personas que tienen dificultades para acceder a ellas. Este año, el Consell va a invertir 6,5 millones de euros en la reparación de 500 de los 700 inmuebles del parque público que encontró completamente abandonados y de los que no se puede disponer por las condiciones en las que se encuentran. De ellos la mitad se ejecutarán en el primer semestre de 2016 y los restantes en el segundo semestre. La previsión es reformar los 200 restantes durante 2017.

Imagen de archivo de la consellera visitando una vivienda rehabilitada.
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Imagen de archivo de la consellera visitando una vivienda rehabilitada.

Al finalizar el primer trimestre del año, las 123 viviendas reparadas corroboran el buen ritmo de las obras y el cumplimiento de los plazos previstos de esta nueva etapa de dignificación del parque público. Tanto es así, que en la actualidad la Conselleria ya tiene en marcha la reforma de 91 pisos en varios municipios de la Comunitat.

Además, durante el mes de abril está previsto el inicio de las obras en otras 71 viviendas distribuidas de la siguiente manera: 10 en Castalla; 18 en Burriana, 8 en Nules, 14 en Alberique, 3 en Ribarroja del Turia; 8 en Sagunto; y 10 en Burjassot.

La Conselleria ya ha invertido en torno a un millón de euros en la reparación de viviendas sociales que se han recuperado y en actuaciones de mejora de elementos comunes de los edificios de los grupos del parque público. Hay que tener en cuenta que se tienen que atender los casos de urgencias, dado las lamentables condiciones en las que se encuentran algunos inmuebles.

Respecto a las 123 viviendas ya adjudicadas, 86 corresponden a la provincia de Valencia, 28 a la de Alicante y las 9 restantes a la de Castellón.

La distribución de las 86 viviendas en la provincia de Valencia es la siguiente: 7 en Alberic; 6 en l´Alcúdia de Crespins; 3 en Algemesí; 3 en Alzira; 4 en Burjassot; 2 en Cárcer; 4 en Manises; 2 en Paiporta; 18 en Paterna; 2 en Picasset; 2 en El Puig; 4 en Ribarroja del Turia; 6 en Sagunto; 5 en Silla; 2 en Tavernes Blanques; 11 en Valencia, 3 en Villanueva de Castellón y 2 en Xirivella.

En las provincia de Alicante se han adjudicado 1 en Alicante ciudad, 4 en Almoradí, 3 en Biar, 6 en Crevillente, 3 en Elche, 5 en Elda, 2 en Monforte del Cid, 1 en Monóvar y 3 en Santa Pola.

Mientras, en la provincia de Castellón, se han cedido 4 pisos en La Vall d´Uixó, y uno en cada uno de los siguientes municipios: Almassora, Burriana, Castellón de la Plana, Nules y Villarreal.

Rescate de las personas

El nuevo Consell da un paso más y sitúa a la vivienda social en el lugar preferente que le corresponde, poniendo a disposición todos los recursos disponibles. Por ello, el pasado noviembre la consellera María José Salvador presentaba un Plan de dignificación de la vivienda social que incluye diez medidas de choque para gestionar el parque público de la Generalitat, dando respuesta a la vocación social y de rescate de las personas del nuevo Gobierno valenciano.

Buena prueba de ello es que del total viviendas otorgadas, 34 fueron destinadas a familias que habían perdido su casa debido a una ejecución hipotecaria y otras 17 a personas víctimas de violencia de género.

Asimismo, desde la Conselleria se están realizando esfuerzos para la normalización de las viviendas y facilitar el pago de los arrendamientos sociales a partir de una campaña informativa que se va a llevar a cabo en todas las localidades en las que la Conselleria, a través de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), gestiona estos inmuebles.

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Igualdad plantea priorizar la acogida de personas refugiadas en las zonas rurales para familias con menores

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La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha planteado los criterios del Consell para organizar las viviendas que la ciudadanía puso a disposición de la Administración para poder acoger a las personas refugiadas, entre los que destacan la priorización de las zonas rurales para las familias con menores, la distribución de no más de dos familias en ciudades medianas y la priorización de municipios con tejido económico.

Así, se lo ha transmitido hoy la directora general de Inclusión Social, Helena Ferrando, a ACCEM, CEAR, CRUZ ROJA y Cáritas, entidades con las que se ha reunido, dentro de las iniciativas puestas en marcha desde este departamento con la finalidad de continuar el trabajo marcado en el plan de la Generalitat encaminado a la puesta en marcha de los protocolos de actuación que se han establecido en cada una de las áreas.

Ferrando ha afirmado que el Gobierno valenciano, “ante la inoperancia del Ejecutivo central” se ha visto en la obligación de asumir la organización de las cerca de 100 viviendas que los ciudadanos de distintas localidades pusieron a disposición de la Administración a través de la Xarxa de municipios acogedores, y que se han repartido entre las distintas entidades para su gestión.

Ha explicado que, ante la “dejación de funciones” del Gobierno español, la Conselleria “no puede esquivar su obligación de liderar la organización de estos recursos para garantizar que las personas que llegan a la Comunitat Valenciana buscando refugio cuenten con un equipo que les ofrezca apoyo psicológico y refuerzo laboral” y que además cuente con trabajadores sociales y educadores para garantizar su correcta integración.

La directora general les ha propuesto a las entidades una organización interna de cada una de las zonas a nivel comarcal para cada entidad, con el objetivo de que las familias “estén asistidas por un buen equipo tanto por parte de las entidades como por parte de la red pública de oficinas de atención a las personas migrantes municipal (AMICS)”.

Para la directora general es especialmente relevante redistribuir y planificar con “sentido común” para que los servicios escolares, de vivienda, sanitarios y sociales puedan atender las especificidades de estas personas y hacerles un seguimiento adecuado “en su proceso de integración en nuestra sociedad, favoreciendo la interculturalidad con la sociedad de acogida y convivencia”.

Así, según ha explicado Ferrando, se les ha planteado a las ONG especializadas que tengan una ratio de un equipo de profesionales por cada 10 familias por cada una de las zonas, al que se dará apoyo desde la Consellera de Igualdad.

Al respecto, ha avanzado que en breve la Conselleria publicará la orden bienal para financiar las Oficinas de Atención a Personas Migrantes (AMICS) con un presupuesto en 2016 más de 1,2 millones de euros que conseguirá “dar estabilidad y mayor ámbito de actuación para apoyar y atender a las personas migrantes y dar mayor cobertura y atención a las personas y familias refugiadas”.

La Conselleria también trabaja en la posibilidad de “crear un sistema de derivación y de sistematización de la información conjunta para poder seguir trabajando y, por lo tanto, liderando la intervención municipal con los refugiados”, según ha indicado.

Helena Ferrando ha aprovechado la reunión para aplaudir “el rechazo y repulsa de la sociedad” a que España se adhiera al preacuerdo de refugiados entre la Unión Europea y Turquía y ha invitado a la ciudadanía a “seguir presionando” y a “expresar su indignación” ante la gestión que están realizando los gobiernos centrales europeos de esta crisis humanitaria.

Infraestructuras

Cabe recordar que la Comunitat Valenciana ya tiene las infraestructuras preparadas para acoger a 1.400 personas, entre albergues gestionados por la Conselleria de Igualdad, instalaciones de ONGs y viviendas cedidas por entidades bancarias y personas particulares.

Hasta la fecha se han adherido a la Xarxa de municipios acogedores o Ciutats-Refugi coordinada por el Consell, un total de 133 municipios, de los cuales 39 son de la provincia de Alicante, 24 de Castellón y 70 corresponden a la provincia de Valencia.

Toda esta infraestructura, ha puntualizado la directora general, “todavía está a la espera de que el Gobierno de España autorice a la Generalitat para que pueda iniciar el traslado mediante el barco puesto a disposición de forma altruista por la empresa Balearia, con capacidad para 1.100 personas en cada viaje”.

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Las ayudas por acogimiento no tendrán en cuenta las deudas tributarias de las familias

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas no tendrá en cuenta las deudas tributarias que puedan tener las familias acogedoras de menores en situación de desamparo a la hora de conceder o denegar estas ayudas por considerar que “supondría oponerse al beneficio del menor, que es el beneficiario último de estas prestaciones económicas”.

Así lo manifiesta el departamento que dirige Mònica Oltra en respuesta a una queja de la Sindicatura de Greuges en materia de prestaciones económicas para el acogimiento familiar, y en la que también se traslada el compromiso del departamento dirigido por Mónica Oltra, con la fórmula del acogimiento familiar “como el recurso principal en la protección de los menores en situación de desamparo” y se celebra “las coincidencias en los planteamientos”.

Sobre esta cuestión, fuentes de la Conselleria han explicado a Europa Press que “las numerosas reuniones que desde la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad se han mantenido en estos meses con las plataformas y asociaciones que realizan su labor en el ámbito del acogimiento familiar, han servido para que se ratifique el propósito de que el acogimiento familiar se convierta en el recurso principal en la protección de los menores en situación de desamparo”.

En este sentido, se han adoptado una batería de medidas dirigidas a dar “un nuevo impulso a este recurso que fue pionero y referente de las políticas de intervención con menores en todo el Estado español y ha sufrido graves recortes, especialmente en los últimos años”, explican en su respuesta desde la Conselleria, en la que también apuntan que se han encontrado “con muchos obstáculos” que han dificultado el funcionamiento de este programa.

La eliminación de la deuda tributaria como una traba para acceder a estas ayudas es una de la batería de medidas que se han puesto en marcha en estos meses para “situar el recurso en el plano de la importancia que le corresponde”, y entre las que también han habido “modificaciones legislativas muy importantes”, a través de la ley de Acompañamiento y de la ley de Presupuestos, y que van a permitir eliminar trámites administrativos a formalizar por los acogedores, subrayan.

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL MENOR

Además, recalcan que la Conselleria también está trabajando en la nueva redacción del Reglamento de Protección Jurídica del Menor y ha regulado por normativa autonómica la obligatoriedad de la administración pública de colaborar con los gastos producidos por el acogimiento de menores, tanto en familia extensa como en familia ajena.

Asimismo, se han incrementado las cuantías asignadas a familias extensas y ajenas, equiparándolas, de forma que de los 4,5 euros al día que se recibían las familias extensas, y los 9 euros al día que se daban a las educadoras, se pasa a los 12 euros por día para ambos tipos de familia.

Esta, explican en el escrito dirigido a la Sindicatura, es “una importante medida para reconocer la colaboración y para ajustar la cuantía de manera más realista a los gastos ocasionados”, y añaden que también se han aumentado las cuantías para menores acogidos en familias educadoras con grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento y los acogimientos especializados, así como las cuantías anuales para la modificación de acogimiento en familia educadora de urgencia-diagnóstico.

Otro de los principales ejes de actuación en los próximos años será el fortalecimiento del nivel de atención primaria del Sistema Valenciano de Servicios Sociales, gracias a la colaboración con las entidades locales, ya que “sin un nivel de atención primaria fuerte, no se podrán desarrollar actuaciones clave en la atención de menores en situación de riesgo”.

La administración local, como “la más cercana y mejor conocedora de las situaciones y también de las posibilidades de solución”, debe establecer “una colaboración interinstitucional” con la Conselleria, “que se tendrá que ir constituyendo y fortaleciendo a lo largo de los siguientes ejercicios presupuestarios”.

En su escrito de respuesta al Síndic, la Conselleria también le informa de que se va a convocar una meda de trabajo sobre acogimiento familiar, en el que se dará entrada a los técnicos y a los representantes de las entidades colaboradoras para “desarrollar un proceso conjunto de análisis y propuestas de mejora a introducir en este recurso”

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Una investigación muestra que las familias con un alto nivel adquisitivo se benefician más de la inversión pública en educación superior

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Una investigación de la Universitat de València muestra que las familias con un alto nivel adquisitivo se benefician en mayor medida de la inversión pública en educación superior en el ámbito español. Los resultados del trabajo elaborado por los profesores del Departamento de Sociología y Antropología Social Alícia Villar y Francesc J. Hernàndez se han publicado en la revista ‘Archivos de Ciencias Sociales’.

Los investigadores consideran que este desajuste del gasto público y el tejido social es posible debido a la estructura de la financiación de la educación superior. De este modo, “nuestras conclusiones apuntan a que el consumo de educación superior para las familias de niveles de ingresos superiores está más subvencionado porque les exige una cuota relativamente menor que a la de otros niveles educativos”, exponen los autores. La investigación se basa en los datos de las últimas series anuales de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), en concreto, del periodo 2006-2014, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística.

Villar y Hernàndez señalan que el aumento de la heterogeneidad en el estudiantado es un hecho que ha traído a la universidad nuevos retos de actuación y es un fenómeno que se está evidenciando desde hace años. “El impacto de la crisis y el aumento de las desigualdades sociales están incidiendo en la matrícula universitaria, en los indicadores de permanencia, y también, en las dificultades para continuar los estudios, especialmente debido al incremento de las tasas universitarias desde 2012, que ha imposibilitado para algunos estudiantes y sus familias asumir el sobrecoste, sobre todo en segundas y posteriores matrículas y, en particular, en aquellas titulaciones donde los estudiantes alargan los años de estudios para graduarse. Es necesario conocer bien estos perfiles para poder intervenir”, argumentan los profesores.

La crisis aumenta las desigualdades educativas
Villar y Hernàndez, de la Facultat de Ciències Socials, aseguran que desde el inicio de la crisis económica, que se puede datar en 2008, el gasto en educación es el que más ha crecido, en más de un 30% para el conjunto del Estado, a la vez que no se ha reducido en ninguna de las comunidades autónomas. Aun así, esta crisis no solo ha evidenciado “un incremento de las desigualdades sociales”, en opinión de los investigadores, sino que “ha provocado un aumento de las desigualdades educativas en términos de probabilidad de acceso a los estudios superiores y, por lo tanto, de la obtención de titulaciones que legitimarían posiciones superiores en la pirámide social”.

En último término, los profesores del Departamento de Sociología y Antropología Social destacan que a partir del curso 2012-2013, el porcentaje de gasto asumido por el estudiante del sistema público universitario del Estado español se ha incrementado significativamente como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. De hecho, este crecimiento ha sido de hasta un 66% en el caso valenciano.

Las universidades valencianas, un 50% más caras
“Desde el curso 2009-10 hasta el 2014-15, el precio del crédito universitario en las universidades valencianas ha subido en más de un 50%, cifra que representa un aumento anual de un 8,5%”, explican Villar y Hernàndez, que consideran que hay que hacer un seguimiento “continuo, sistemático y longitudinal a la composición social del estudiantado, para no quedarnos en el terreno de las intuiciones”. “Hay que estudiar científicamente la universidad en sí misma, como objeto de estudio. Solo así, a modo de observatorio universitario, podremos disponer de información válida para guiar políticas educativas ajustadas y eficaces”, añaden los autores.

Alícia Villar es profesora del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València. Ha publicado en revistas, como ‘Policy Futures in Education’, ‘Revista Lusófona de Educação’ o ‘Revista de la Asociación de Sociología de la Educación’, de la cual es actualmente vicedirectora. Es coautora de los libros ‘Didáctica de la Pantalla III. La universidad en el cine’ (Alzira: Editorial Germania, 2013), ‘Educación y Género. Propuestas para pensar y repensar los géneros’ (Valencia: Tirant lo Blanch, 2014) y ‘Educación y biografías. Perspectivas pedagógicas y sociológicas actuales’ (Barcelona: Editorial UOC, 2015). Ha hecho estancias de investigación en Portugal y Alemania, y ha sido Erasmus Teacher en la Universidad de Coimbra (Portugal).

Por su parte, Hernàndez ha dirigido la ‘Revista de la Asociación de Sociología de la Educación’ (2007-2012) y ha publicado en revistas, como ‘Policy Futures in Education’, ‘Revista Lusófona de Educação’ o ‘Política y Sociedad’, por ejemplo. Entre sus últimos libros se encuentran ‘Teorías sobre sociedad, familia y educación’ (Valencia: Tirant lo Blanch, 2010), ‘Sociología de la educación’ (Madrid: McGraw-Hill, 2011), ‘Estructura social y educación’ (Valencia: Tirant lo Blanch, 2014) y ‘Educación y biografías. Perspectivas pedagógicas y sociológicas actuales’ (Barcelona: Editorial UOC, 2015). Ha hecho estancias en varias universidades de Alemania, Brasil, Colombia, Irlanda, México y Uruguay.
Villar Aguilés, A.; Hernàndez i Dobon; F.J. (2015). ‘¿Las familias con mayor poder adquisitivo resultan beneficiadas de la inversión pública educativa? Un análisis sobre presupuestos familiares y educación superior’. ‘Arxius de Ciències Socials’, número 32.

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Programa “Qué FamiliaS” secuencia “A Bailar”. – Priscila Guerrero

Baile coreografico en programa “Qué FamiliaS” del canal 4 America Televisión para la secuencia “A Bailar”, Bailarines: Priscila Guerrero, Yovanni Valdivia.
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Priscila Guerrero

Priscila Guerrero saludando en Huaraz.
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Programa de Radio Familias Para Cristo y Maria – Entrevista en Radio Formula 1590 – 3

Published on Jan 13, 2013 Visita Nuestra Pagina Oficial: http://santagenovevaus.com Santa Genoveva – Ya en iTunes USA: https://itunes.apple.com/us/album/cami…