Solá celebra la inversión de 2.000 euros de la Diputación en las Fallas y reclama apoyo del Consell para la Fiesta de Interés Provincial

Fallas 2016
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El Gobierno Provincial otorga la subvención dentro de la nueva línea de subvenciones y desde el PP instan al tripartito a seguir reclamando apoyos

Burriana, 11 de julio de 2016: Las Fallas de Burriana, Fiesta de Interés Turístico Provincial, han sido beneficiarias de una subvención de 2.000 euros con la que el Gobierno Provincial de Castellón pretende poner en valor y promocionar la riqueza de una celebración de larga tradición en la ciudad.

Así lo ha resuelto la Diputación que concede al municipio esta suma económica que ha sido celebrada por el grupo municipal del PP en Burriana, Carlos Solá, y que “nos debe animar a seguir reivindicando a apoyos y ayudas al resto de instituciones para promocionar este festejo tan nuestro”.

Cabe señalar que desde el PP en Burriana se ha instado a la coalición que lidera el PSPV con el apoyo de la coalición Compromís-Podemos a reivindicar al Consell “que inviertan en nuestra ciudad, en los valores y potenciales que posee Burriana, que son muchos y que permiten que el municipio se convierta en reclamo turístico y con ello se genere inversión y desarrollo”.

Con este objetivo, la Diputación de Castellón lanzó en el primer trimestre de 2016 una nueva línea de subvenciones que, dotada con 121.000 euros pretendía incentivar y apoyar este tipo de festejos. Una acción a la que cabe sumar la ejercitada en el mes de marzo y que permitió que la institución apoyara a las comisiones que se encargan de la organización de los festejos. Esta acción de respaldo ya se tradujo, tal y como ha recordado Solá, “subvencionando la contratación de las bandas de música”.

“Creemos que el trabajo que desarrollan las comisiones, al igual que otros colectivos de la fiesta, se han de poner en valor porque a la fiesta y diversión vienen aparejados otros valores muy positivos para Burriana: trabajo, promoción, desarrollo, crecimiento, difusión y gancho turístico. Todos ellos potenciales que no podemos obviar”.

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CEOE viaja hoy con García-Margallo a Kazajistán y Azerbaiyán para analizar oportunidades de inversión

CEOE acompañará hoy al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, en su viaje a Kazajistán y Azerbaiyán, en el que mantendrán reuniones con autoridades y empresarios de ambos países para analizar oportunidades de inversión en la zona.
LA VOZ LIBRE

El tripartito de Burriana niega inversión para emergencia social y empleo pese a recibir 974.000 euros de remanentes de la etapa del PP

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Intervención informa desfavorablemente la primera operación económica que la coalición adopta y que confirma “que antes que en las personas piensan en ellos”

Burriana, 4 de abril de 2016: El tripartito que gobierna en Burriana liderado por la socialista María José Safont con los apoyos de Compromís y Podemos, elevará el próximo jueves al pleno de la corporación una modificación de créditos por importe de 974.006,07 euros que niega un solo euro a la emergencia social y el empleo.

La operación económica, en la que el tripartito gestiona los fondos obtenidos de la etapa del Partido Popular, “demuestra con hechos que la bandera del rescate ciudadano era un mero mensaje electoral que, una vez en el gobierno, ha dejado de ser prioritaria”. Juan Fuster, portavoz del Partido Popular en Burriana, ha lamentado que “pese al paro existente, pese a las necesidades de muchas familias de nuestra ciudad, no hay fondos para atender sus necesidades”.

La Intervención municipal ha informado desfavorablemente la primera operación que la coalición adopta en 2016 y que “deja patente en qué lugar coloca el tripartito a su anunciado rescate social”. De hecho, “de los 1,2 millones de remanente de tesorería, más del 90% de los fondos ya han sido reservados y dedicados a gastos generales, mientras ni un solo euro ha ido dedicado a invertir en las personas, vecinos a los que PSPV, Compromís y Podemos anunciaron que ayudarían con bonificaciones fiscales y ayudas sociales”. “En la práctica, piensan más en ellos mismos que en los vecinos a los que garantizaron el rescate”.

De hecho, ha declarado el regidor, “no se ha dado ni la medida tributaria ni tampoco la que corresponde al área de Servicios Sociales”. En la primera, “lo demostraron con su negativa a bonificar el IBI en parcelas como las del sector de Sant Gregori, en aplicación a una ordenanza que ellos mismos respaldaron el pasado año”. Por lo que respecta a las medidas sociales, “ni hay inversión en un proyecto de empleo ni tampoco partida destinada a subvenciones para las familias que están en situación límite”. Una situación que demuestra, “en qué orden de prioridades sitúa el tripartito a las personas”.

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Igualdad denuncia que las estadísticas del Ministerio de Sanidad esconden la escasa inversión estatal en la aplicación de la ley de Dependencia

El informe evalúa la aplicación de la ley de Dependencia en cada comunidad autónoma y suspende a 12 de ellas.
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La secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Sandra Casas, ha denunciado que las estadísticas mensuales que realiza el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no ofrecen una visión real de la aplicación de la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia porque “omite datos básicos” como los referentes a la aportación que desde el Estado se hace para la aplicación de esta norma.

La nueva estructura de las estadísticas del sistema de atención a la dependencia, que ha comenzado a aplicarse durante el mes de febrero, fue aprobada en 2014 por la comisión delegada, donde están presentes los gobiernos autonómicos, que en el caso de la Comunitat Valenciana tenía un signo político distinto al actual, según ha recordado Casas, quien ha criticado que los ratios actuales no dan una visión transparente de la situación en la que se encuentran las personas en situación de dependencia.

“Los contenidos de las nuevas estadísticas que el Ministerio va a publicar a partir de este mes no ofrecen una visión transparente de la situación real en la que se encuentran los cientos de miles de personas que se encuentran a la espera para poder acceder al sistema de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia en todo el territorio español”, ha insistido.

En este sentido, ha señalado el hecho de que uno de los datos que el Ministerio omite en las nuevas estadísticas es el porcentaje de la financiación directa en materia de dependencia que realiza cada comunidad autónoma frente a la parte que aporta el Estado, y que en el caso de la Comunitat Valenciana no alcanza el 50 por ciento que se establecía con la aprobación de la ley.

La secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal ha explicado que durante el pasado ejercicio la aportación que se hizo desde el Gobierno de España a la Comunitat Valenciana para la aplicación de la ley de Dependencia ascendía a 66,4 millones de euros, una cantidad que está muy lejos de representar la mitad de los 430 millones de euros que el Consell gastó en esta materia y que es lo que le correspondería aportar al Estado.

A su juicio, esta es una muestra más de la insuficiente financiación que sufre la Comunitat Valenciana, y que ha provocado, entre otras cuestiones, que se haya situado en la cola en la aplicación de la ley de Dependencia, algo que el actual Consell está trabajando para cambiar como lo demuestra la aportación que los Presupuestos de la Generalitat para 2016 tienen para pagar las ayudas a este colectivo, que crece un 60,1 por ciento.

Datos poco fiables

La estadística tampoco reflejará de manera clara los datos de lista de espera, al igual que no será un documento fiable que permita al usuario conocer los tiempos medios de espera desde que solicita el reconocimiento de dependencia hasta que se lo conceden y cobra la prestación o recibe el servicio correspondiente.

Casas ha criticado que con el actual sistema de estadísticas tampoco se refleja el número de bajas mensuales de beneficiarios con prestación que se producen en el sistema, como tampoco se refleja el porcentaje de la tasa de reposición ni de incremento de nuevas incorporaciones de una manera clara, lo que impedirá visualizar los avances logrados por gobiernos como el valenciano.

En este sentido, la secretaria autonómica ha recordado que en el último semestre de 2015 se logró por primera vez en dos años superar la tasa de reposición de fallecidos, de manera que se resolvieron 5.726 nuevos expedientes de dependencia, de los cuales 2.810 cubrían la tasa de reposición de fallecidos y el resto, 2.916, eran incorporaciones netas, con un saldo final de 44.871 personas dentro del sistema.

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Moliner lanza la mayor inversión de la historia para consolidar la población rural de la provincia

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El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, ha anunciado esta mañana la mayor inversión de la historia para consolidar la población rural de la provincia. Así, el Gobierno Provincial está destinando ya una tercera parte de sus presupuestosa políticas de cohesión territorial y da un paso más con políticas activas de repoblación con el firme objetivo de frenar la despoblación de los pueblos del interior de la provincia a través de ayudas, infraestructuras, servicios y oportunidades de desarrollo. Unos proyectos que se engloban en la que ha denominado ‘Repoblem’, Campanya per la Consolidació de la Població Rural de la Província de Castelló.

Moliner ha explicado que “Castellón no se puede permitir que ningún pueblo eche el cierre, porque son 135 identidades las que conforman nuestra provincia única, ni una más ni una menos. No nos podemos quedar de brazos cruzados viendo cómo nuestros colegios se quedan sin niños, los comercios sin clientes y las calles sin gente. Porque sin población, nuestro patrimonio, tradiciones, historia y señas de identidad desaparecen”.

En ese sentido, el presidente ha expresado su preocupación y la del Gobierno Provincial por las cifras y estadísticas poblaciones. “Cada día en la provincia mueren 13 personas y nacen 4, lo que nos deja un balance negativo de -9 personas que perdemos todos los días”.

Otras cifras que ha aportado en su comparecencia el presidente provincial son las del Instituto Nacional de Estadística que apuntan a un descenso acumulado de población del 3% desde 2010, afectando la bajada a 111 de 135 municipios. Un riesgo demográfico que en el interior es mucho mayor: en municipios menores de 5.000 habitantes el censo desciende hasta un 4% y los municipios menores de 1.000 habitantes la merma de la población llega hasta el 6,7% de media, con bajadas en algunos municipios concretos de hasta el 17%.

Plan de Incentivos a la Natalidad

Como una de esas iniciativas, Moliner ha presentado esta mañana el Plan Provincial de Incentivos a la Natalidad, una convocatoria de ayudas económicas por nacimiento o adopción en municipios menores de 1.000 habitantes para aquellas familias que elijan vivir en pueblos pequeños y contribuir a mantenerlos vivos.

Las cuantías serán de 600 euros por cada uno de los hijos nacidos o adoptados, y se podrán beneficiar las familias censadas en dichos pueblos cuya renta no supere los 12.000 euros anuales.

“Es una primera medida urgente, junto a la iniciativa para acoger refugiados en nuestros pueblos que presentamos ayer junto a Cruz Roja, de un Gobierno consciente de que el valor de esta tierra es la suma de muchos pequeños, es lo que nos diferencia, nos une y nos hace grandes. Creemos en nuestros pueblos y los defenderemos a ultranza para que quienes elijan vivir en ellos no se queden atrás”, ha concluido el presidente.

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Fernández de Mesa participa en la inauguración del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras en China

El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Íñigo Fernández de Mesa, participa este sábado en Pekín en la inauguración del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, una institución financiera internacional impulsada por China para promover el desarrollo sostenible de Asia.
LA VOZ LIBRE

Fevec reclama un gobierno estable y mayor apoyo e inversión para la construcción

Valencia Noticias | Redacción.- La Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (Fevec) reclama la formación de un gobierno estable. De esta forma se une a la petición formulada por el resto patronales valencianas, “de esta estabilidad se deriva la confianza económica y el bienestar de toda la sociedad. Al igual que patronales y sindicatos hemos cedido en nuestras pretensiones para llegar a pactos sociales y económicos, lo mismo deben hacer los partidos políticos, pensando en el bien común y en soluciones estables que generen confianza”, asegura Francisco Zamora, presidente de Fevec, según indica la federación a través de un comunicado.

Desde Fevec se reclama nuevamente, a todas las administraciones, local, diputaciones, gobierno autonómico y gobierno central, más inversiones y decisiones políticas.
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Desde Fevec se reclama nuevamente, a todas las administraciones, local, diputaciones, gobierno autonómico y gobierno central, más inversiones y decisiones políticas.

Desde Fevec se reclama nuevamente, a todas las administraciones, local, diputaciones, gobierno autonómico y gobierno central, más inversiones y decisiones políticas que potencien la industria de la construcción. Estas políticas deberán basarse en cuatro ejes fundamentales, que generarán empleo, mejoras sociales y de recursos económicos a la administración autonómica y central. Los ejes son los siguientes:

1.- Impulso a la rehabilitación tal y como se ha propuesto en el documento entregado la gobierno autonómico por parte de la Comisión de la Confederación Empresarial Valenciana. Fevec ha participado activamente en la redacción de ese documento y de la comisión, de la que es presidente Francisco Zamora.

2.- Más inversión en infraestructuras: el Corredor Mediterráneo; eliminación de puntos negros en la red viaria; inversión en la conexión ferroviaria con Aragón; eliminación de los barracones en los colegios; mejoras en las infraestructuras sanitarias (hospitales y centros de salud); un planestratégico de mantenimiento de infraestructuras y edificios de las distintas administraciones, etc.

3.- Impulso y ayudas para la promoción de viviendas en primera y segunda residencia y  la creación de un marco normativo que agilice los trámites burocráticos. Además de cambiar la ley hipotecaria y crear un banco de datos estadísticos fiable, donde se localice la oferta de viviendas a la venta para la racionalización de la oferta.

4.- Apoyo, desde los distintos estamentos de la administración, para la internacionalización de las pymes del sector. Esto se puede realizar con la puesta en marcha de avales para las licitaciones internacionales, acuerdos con los distintos gobiernos para la resolución de conflictos, mediante la creación de servicios de mediación que agilicen y resuelvan los mismos y que garanticen la seguridad jurídica. Además de instaurar convenios con la administración autonómica para la inversión en programas de investigación y desarrollo de nuevos productos y métodos que hagan que el sector de la construcción siga siendo puntero internacionalmente.

5.- Instaurar programas de formación encaminados a una mejor cualificación y clasificación del empresariado y del personal, que redunde en la calidad y en la eliminación de la economía sumergida.

 “En definitiva, y como hemos venido reiterando repetidamente, es la industria de la construcción la única que puede dar solución al grave problema del desempleo de este país y generar riqueza y bienestar de las clases más desfavorecidas por la actual crisis”, concluye Zamora en el texto.

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Una investigación muestra que las familias con un alto nivel adquisitivo se benefician más de la inversión pública en educación superior

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Una investigación de la Universitat de València muestra que las familias con un alto nivel adquisitivo se benefician en mayor medida de la inversión pública en educación superior en el ámbito español. Los resultados del trabajo elaborado por los profesores del Departamento de Sociología y Antropología Social Alícia Villar y Francesc J. Hernàndez se han publicado en la revista ‘Archivos de Ciencias Sociales’.

Los investigadores consideran que este desajuste del gasto público y el tejido social es posible debido a la estructura de la financiación de la educación superior. De este modo, “nuestras conclusiones apuntan a que el consumo de educación superior para las familias de niveles de ingresos superiores está más subvencionado porque les exige una cuota relativamente menor que a la de otros niveles educativos”, exponen los autores. La investigación se basa en los datos de las últimas series anuales de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), en concreto, del periodo 2006-2014, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística.

Villar y Hernàndez señalan que el aumento de la heterogeneidad en el estudiantado es un hecho que ha traído a la universidad nuevos retos de actuación y es un fenómeno que se está evidenciando desde hace años. “El impacto de la crisis y el aumento de las desigualdades sociales están incidiendo en la matrícula universitaria, en los indicadores de permanencia, y también, en las dificultades para continuar los estudios, especialmente debido al incremento de las tasas universitarias desde 2012, que ha imposibilitado para algunos estudiantes y sus familias asumir el sobrecoste, sobre todo en segundas y posteriores matrículas y, en particular, en aquellas titulaciones donde los estudiantes alargan los años de estudios para graduarse. Es necesario conocer bien estos perfiles para poder intervenir”, argumentan los profesores.

La crisis aumenta las desigualdades educativas
Villar y Hernàndez, de la Facultat de Ciències Socials, aseguran que desde el inicio de la crisis económica, que se puede datar en 2008, el gasto en educación es el que más ha crecido, en más de un 30% para el conjunto del Estado, a la vez que no se ha reducido en ninguna de las comunidades autónomas. Aun así, esta crisis no solo ha evidenciado “un incremento de las desigualdades sociales”, en opinión de los investigadores, sino que “ha provocado un aumento de las desigualdades educativas en términos de probabilidad de acceso a los estudios superiores y, por lo tanto, de la obtención de titulaciones que legitimarían posiciones superiores en la pirámide social”.

En último término, los profesores del Departamento de Sociología y Antropología Social destacan que a partir del curso 2012-2013, el porcentaje de gasto asumido por el estudiante del sistema público universitario del Estado español se ha incrementado significativamente como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. De hecho, este crecimiento ha sido de hasta un 66% en el caso valenciano.

Las universidades valencianas, un 50% más caras
“Desde el curso 2009-10 hasta el 2014-15, el precio del crédito universitario en las universidades valencianas ha subido en más de un 50%, cifra que representa un aumento anual de un 8,5%”, explican Villar y Hernàndez, que consideran que hay que hacer un seguimiento “continuo, sistemático y longitudinal a la composición social del estudiantado, para no quedarnos en el terreno de las intuiciones”. “Hay que estudiar científicamente la universidad en sí misma, como objeto de estudio. Solo así, a modo de observatorio universitario, podremos disponer de información válida para guiar políticas educativas ajustadas y eficaces”, añaden los autores.

Alícia Villar es profesora del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València. Ha publicado en revistas, como ‘Policy Futures in Education’, ‘Revista Lusófona de Educação’ o ‘Revista de la Asociación de Sociología de la Educación’, de la cual es actualmente vicedirectora. Es coautora de los libros ‘Didáctica de la Pantalla III. La universidad en el cine’ (Alzira: Editorial Germania, 2013), ‘Educación y Género. Propuestas para pensar y repensar los géneros’ (Valencia: Tirant lo Blanch, 2014) y ‘Educación y biografías. Perspectivas pedagógicas y sociológicas actuales’ (Barcelona: Editorial UOC, 2015). Ha hecho estancias de investigación en Portugal y Alemania, y ha sido Erasmus Teacher en la Universidad de Coimbra (Portugal).

Por su parte, Hernàndez ha dirigido la ‘Revista de la Asociación de Sociología de la Educación’ (2007-2012) y ha publicado en revistas, como ‘Policy Futures in Education’, ‘Revista Lusófona de Educação’ o ‘Política y Sociedad’, por ejemplo. Entre sus últimos libros se encuentran ‘Teorías sobre sociedad, familia y educación’ (Valencia: Tirant lo Blanch, 2010), ‘Sociología de la educación’ (Madrid: McGraw-Hill, 2011), ‘Estructura social y educación’ (Valencia: Tirant lo Blanch, 2014) y ‘Educación y biografías. Perspectivas pedagógicas y sociológicas actuales’ (Barcelona: Editorial UOC, 2015). Ha hecho estancias en varias universidades de Alemania, Brasil, Colombia, Irlanda, México y Uruguay.
Villar Aguilés, A.; Hernàndez i Dobon; F.J. (2015). ‘¿Las familias con mayor poder adquisitivo resultan beneficiadas de la inversión pública educativa? Un análisis sobre presupuestos familiares y educación superior’. ‘Arxius de Ciències Socials’, número 32.

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