El Ayuntamiento reduce a poco más de 9 días el período medio de pago a los proveedores

El alcalde asume como propio el reto de dinamizar la economía local.
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El alcalde asume como propio el reto de dinamizar la economía local.

Valencia Noticias | Redacción.- El Ayuntamiento de Valencia ha reducido a 9,71 días el periodo medio de pago a proveedores durante el mes de mayo. Esta cifra es la más baja que el consistorio ha registrado hasta el momento, de acuerdo con el último expediente de la Intervención de Contabilidad y Presupuestos Municipales, que refleja el acortamiento del tiempo de abono de las facturas pendientes. Mañana se aprobará la publicación del dato en la Junta de Gobierno Local.

El alcade de Valencia, Joan Ribó, recordó que con esta nueva reducción del tiempo de pago, que el pasado mes de abril se situó en 14,35 días, “el Ayuntamiento consolida el proceso de saneamiento de sus cuentas”. Cronológicamente, se ha bajado de los 45,93 días del mes de noviembre a los 30,02 de enero, los 25,22 de febrero, los 15,61 de marzo, los 14,35 de mayo, y los 9,71 actuales.

Este periodo, de poco más de 9 días, se sitúa por debajo del plazo legal de pago que establece la Ley de Contratos del Sector Público de 30 días, y según ha manifestado el alcalde “contribuirá al impulso del desarrollo económico de las empresas y autónomos proveedores del Ayuntamiento”. “Este gobierno municipal estamos plenamente volcados a dinamizar la economía local, un objetivo que hago mío cada día, y que todo el equipo de gobierno también asume como propio”.

Joan Ribó explicó “que acortar el pago de las deudas, además de favorecer a los proveedores, también beneficia el erario público que reduce los intereses de demora”, y ha destacado que por esas razones “se ha trabajado intensamente para sanear las cuentas y agilizar los trámites”.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, manifestó que la reducción del periodo medio de pago a los proveedores es una medida fundamental para impulsar el desarrollo económico de la ciudad”. En palabras del mismo Vilar, “es fundamental para impulsar el desarrollo la ciudad, el apoyo a las empresas, los autónomos y, por lo tanto, para la creación de ocupación”.

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La Junta Electoral prohíbe al Ayuntamiento de Nules emitir en periodo electoral notas de prensa que aludan a logros del cuatripartito

La Junta Electoral de zona de Castellón ha prohibido al Ayuntamiento de Nules emitir en periodo electoral notas de prensa con alusiones a logros de la actual corporación municipal.

Esta resolución llega tras la denuncia efectuada por el Partido Popular por la publicación de diferentes notas de prensa en la web oficial del Ayuntamiento de Nules que contienen valoraciones políticas y que pretenden hacer una campaña institucional en favor de la gestión del equipo de gobierno en plena precampaña.

En la reclamación los populares consideran que, varias noticias publicadas en la página municipal, violan los principios de objetividad, transparencia del proceso electoral y de igualdad entre los actores electorales ya que, están dirigidas a inducir el sentido del voto y hacer campaña negativa del anterior equipo de gobierno. Este es el caso de una noticia revestida de comunicación informativa para el contribuyente o el anuncio de una zona de aparcamiento, cuyo proyecto se encuentra todavía en fase inicial.

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La Generalitat cierra el periodo de alegaciones y sugerencias al Anteproyecto de Ley por la Función Social de la Vivienda

La conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha cerrado el plazo de presentación de alegaciones y sugerencias al texto del Anteproyecto de la Ley de la Función Social de la Vivienda, abierto a información pública durante un mes.

En el transcurso de este tiempo se han recibido un total de 167 alegaciones, número que en opinión de la directora general de Vivienda y Regeneración Urbana, Rebeca Torró, es “razonable” e indica que “la Ley está bien trazada y cuenta con el apoyo mayoritario de los agentes económicos y sociales, así como de los organismos públicos y privados de la Comunitat Valenciana, participantes en este proceso”. De hecho, ha destacado que la mayoría de los 24 colectivos que han presentado alegaciones felicitan al Consell por haber dado este paso al preparar una ley tan innovadora.

Según Torró se trata de una ley de consenso, a la vanguardia del Estado español, que pone en valor el derecho constitucional de todas la personas a tener una vivienda digna. “La Ley, recoge una realidad social y protege al sector poblacional más desfavorecido de nuestra sociedad”, ha indicado.

Con el plazo cerrado, la Conselleria va a proceder al estudio y valoración de las alegaciones para incorporarlas si se consideran oportunas. La directora general entiende que las propuestas realizadas pueden servir para “mejorar al texto del Anteproyecto de Ley, atendiendo así a las sugerencias de la ciudadanía”.

En este sentido, una vez incorporadas las alegaciones, el anteproyecto de Ley por la Función Social de la Vivienda se remitirá al Consell Jurídic Consultiu, y una vez dictaminado su informe, el texto, con las aportaciones de este organismo, si las hubiera, se traslada al Consell para su aprobación y posterior envío a les Corts Valencianes para iniciar así el correspondiente trámite parlamentario.

Una ley abierta a la participación pública

La Ley por la Función Social de la Vivienda es una iniciativa del actual gobierno de la Generalitat y una de las prioridades de la consellera María José Salvador al asumir la cartera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.

En este sentido, en menos de un año, el texto del anteproyecto de Ley ya está redactado y ha sido entregado al Consejo Asesor de la Vivienda de la Comunitat, formado por amplio abanico de representantes de distintos organismos públicos, de colegios profesionales y de organizaciones sociales relacionados con este tema. Además el texto también se ha presentado a las diputaciones provinciales y ayuntamientos de la Comunitat.

Paralelamente, y dentro del periodo de consultas y de participación pública, en la página web de la conselleria (www.habitatge.gva.es) se ha podido descargar el texto del anteproyecto y se ha habilitado un correo electrónico para que la ciudadanía pudiera hacer las aportaciones que creyeran oportunas a este texto legislativo.

Movilización de las viviendas vacías

La Ley prevé que la Administración actúe para evitar la prolongada desocupación de las viviendas de manera injustificada para poder satisfacer las necesidades habitacionales, sobre todo, de los colectivos con mayor vulnerabilidad. Hay que recordar que el 15% de las viviendas de toda la Comunidad Valenciana están vacías, según las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística, lo que supone unas 500.000.

Por ello, se establecerán diferentes registros como el Registro de Viviendas Vacías donde se inscribirán todas aquellas viviendas declaradas deshabitadas por la administración mediante una resolución. También se creará el registro de Oferta y de Demanda donde los particulares que podrán inscribir voluntariamente sus inmuebles.

Según el texto legislativo, se considerará una vivienda vacía aquella que de manera continuada está deshabitada durante un periodo superior a dos años, solo afectará a los considerados grandes propietarios que tengan más de 10 viviendas, en ningún caso a los particulares. Además, quedan excluidos las viviendas destinadas a usos de segunda residencia, turísticos o de usos profesionales.

Medidas de fomento para ocupación de las viviendas

Para procurar que se cumpla la función social de la vivienda, las administraciones desarrollarán diversas medidas de fomento, como ayudas públicas para el alquiler para personas y unidades familiares con ingresos bajos donde el coste no supere el 30% de los ingresos. También ayudas para facilitar el acceso a la vivienda de varios colectivos y contra la pobreza energética, para garantizar los suministros básicos de luz, agua y gas.

Además se fomentará el alquiler con medidas de estímulo para que los propietarios privados ofrezcan en alquiler sus viviendas a personas y familias con dificultades para acceder a la oferta de vivienda (con ingresos inferiores a 4,5 IPREM). En estos casos, la Administración asegurará las viviendas frente a los riesgos que se puedan sufrir por la ocupación habitacional.

De igual manera se promoverá el alquiler solidario. Los propietarios privados podrán hacer una cesión de la vivienda a la Generalitat que dispondrá para su alquiler durante un período máximo de seis años. El propietario cobrará una renta a cambio de que su vivienda esté en condiciones y en uso, y la conselleria se encargará de realizar el estudio económico y la rehabilitación que repercutirá en el propietario.

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El Ayuntamiento reduce hasta los 15,6 días el periodo medio de pago de facturas a proveedores

Valencia Noticias | Redacción.- El periodo medio de pago a los proveedores municipales se ha conseguido reducir a 15,6 días, tal como ha dado a conocer esta mañana el concejal de Hacienda, Ramón Vilar. El edil manifestó su satisfacción, dado que esta medida se sitúa “muy por debajo de los 30 días de referencia, y aún más lejos de los 60 días, que son la referencia a partir de la cual hay penalización”.

Ramón Vilar y Jordi Peris.
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Ramón Vilar y Jordi Peris.

Tal como explicó el concejal, reducir este periodo medio “es un objetivo muy importante para el actual equipo de gobierno”, tanto por el beneficio que supone para los proveedores como para las propias arcas municipales. En efecto, la reducción de los plazos evita o disminuye el pago de intereses de demora por parte del consistorio, y el delegado de Hacienda recordó que esta misma filosofía de reducir o eliminar el pago de intereses de demora ya se ha aplicado en el caso de la deuda bancaria, al reducir esta; y también se aplica a la deuda comercial del Ayuntamiento.

“Y además, hay que tener en cuenta”, expplicó Vilar, “que las empresas que nos prestan servicios tienen todo el derecho a cobrar su dinero cuanto antes y en condiciones”. “Y más en el caso de las empresas de tamaño pequeño o mediano, que no tienen gran capacidad financiera, y que por tanto, su periodo de cobro ha de estar ajustado”, añadió.

Durante su encuentro con los medios de comunicación, el concejal manifestó su “satisfacción” por esta reducción en los plazos de pago, y ha contestado a las preguntas de los periodistas sobre distintos temas de actualidad. En este contexto, Vilar se ha referido al pago del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), y afirmó que “si alguna gran compañía, con peso específico y gran capacidad publicitaria cree que puede condicionar la política fiscal de este ayuntamiento, está equivocada”.

Vilar aseguró que se “ha terminado el tiempo en el que las grandes corporaciones marcaban las líneas de la gestión. Ha comenzado otro periodo para todas las cosas y también para éstas”, ha añadido, “y no nos dejamos influir por ningún lobby”.

De hecho, el edil explicó que ya ha mantenido un encuentro con la Federación de Hostelería de Valencia para atender la preocupación de algunos miembros que estaban “alarmados” por el incremento de sus respectivos recibos de IBI. Pero, tal como les explicó el concejal de Hacienda, y ha repetido hoy ante la prensa, se trataba de un error atribuible a la determinación del uso de dichos establecimientos, “seguramente por desconocimiento del propietario, que inscribió como uso hostelero lo que en realidad debía figurar como uso comercial”. Es un error subsanable, aseugró Vilar, quien garantizó que “ningún bar, restaurante, pizzería o similar estará sometido al diferencial, solamente los hoteles, algunos de los cuales corresponden a compañías multinacionales, cuyas cuentas de resultado, me atrevo a decir, no se verán muy afectadas por pagar en Valencia lo mismo que pagan en Barcelona, Madrid o Zaragoza”, afirmó.

El concejal defendió la política fiscal municipal, y reiteró que “únicamente queremos normalizar, como en otros temas, cosas que no estaban normalizadas en esta casa, y en este caso la presión fiscal, que sea similar a la de las otras grandes ciudades del Estado”. “Nosotros hablamos con todo el mundo”, concluyó el delegado de Hacienda, “pero si alguna gran compañía tiene tentaciones de presionar, que sepa que ha pinchado en hueso”.

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Movilidad amplía al 31 de enero el periodo para renovar las tarjetas verdes de estacionamiento

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La Concejalía establece criterios objetivos para garantizar el acceso a las tarjetas a los residentes, comerciantes y vecinos en alquiler

El Ayuntamiento de Castellón, a través de la Concejalía de Movilidad, ha decidido ampliar hasta el 31 de enero el periodo para poder renovar las tarjetas de estacionamiento en zona verde tras establecer los criterios objetivos para autorizar la concesión, “criterios que garantizan el acceso a residentes, comerciantes, vecinos en alquiler y también a familiares de personas dependientes residentes en viviendas en zona verde o azul”, según ha explicado el concejal de Movilidad, Rafa Simó.

Además, se ha remitido una carta a los usuarios en la que se detallan los criterios que se han establecido para renovar estas tarjetas que autorizan el aparcamiento en zonas azules. El concejal de Movilidad ha recordado que “el anterior gobierno había concedido 3.000 tarjetas por encima de las marcadas en el contrato, una situación que además de primar la discrecionalidad, imposibilitaba el objetivo de favorecer la rotación en el estacionamiento”. Por este motivo, ha añadido, “la voluntad del actual equipo de gobierno es la de regular esta situación y marcar unos criterios objetivos para garantizar un acceso responsable”.

La autorización para renovar la tarjeta, cuya tramitación se podrá hacer hasta el 31 de enero a través del formulario disponible en la página web www.oracastello.es, en la calle La Luna, 1 o por teléfono en el 964 34 16 95, se concederá a los residentes empadronados propietarios de vivienda en zona verde o azul y del vehículo para el que solicitan autorización. También a las parejas de propietarios residentes en vivienda en zona verde o azul, empadronados en la vivienda afectada. El tercer supuesto incluye a los hijos de propietarios residentes en vivienda en zona verde o azul, que constan en el padrón de la vivienda afectada.

Entre los supuestos que se han incorporado, la Concejalía de Movilidad concederá tarjetas de aparcamiento en zona verde a los familiares de personas dependientes empadronadas en una vivienda en zona verde que puedan justificar la asistencia o el cuidado de dicho familiar. A los propietarios de varias viviendas en una o diversas zonas azules o verdes, sólo se le concederá una tarjeta donde se encuentre empadronado.

Otro grupo beneficiario de las tarjetas serán los arrendatarios de viviendas en zona verde, empadronados en la misma, con contrato de alquiler en vigor y justificándolo con el último recibo. De esta manera, los propietarios de viviendas alquiladas dejan de tener derecho a esta tarjeta en favor del arrendatario.

Los gerentes, propietarios o arrendatarios de locales, viviendas comerciales u oficinas en zona verde o azul cuyos vehículos tributan tanto en Castellón como en otro municipio o que el titular sea un familiar (caso que tendrá que estar justificado) es otro de los criterios establecidos. La Concejalía de Movilidad también ha incluido como beneficiarios a los titulares de los puestos del Mercado de Sant Antoni, previa acreditación. En el caso de locales o pisos comerciales o de oficinas alquiladas, el derecho se fija para los arrendatarios en lugar de para los propietarios de los inmuebles.

El concejal ha explicado que estos supuestos se han establecido “siguiendo las recomendaciones técnicas para cumplir con el objetivo de que se garantice la rotación en el estacionamiento”.

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