José Bono mantiene la escolta y la seguridad de su domicilio a cargo del erario público, pese a llevar cinco años fuera de la política

La escolta y seguridad por parte de las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a altos cargos públicos se mantiene unos seis meses después de que estos abandonen su puesto, prolongándose en algunos casos hasta un año y medio. El caso de José Bono, sin ser excepcional, es uno de los que ha superado ampliamente este margen de tiempo, pues aunque el próximo mes de septiembre se cumplen cinco años desde que abandonara su carrera política, sigue manteniendo su seguridad a cargo de la Guardia Civil.

Como consecuencia de la crisis, el número de agentes de la Guardia Civil se ha visto muy reducido al no existir apenas plazas en las promociones de los últimos años. Solamente en el periodo 2010-2012 la provincia de Toledo, donde tiene su domicilio José Bono, la guardia Civil perdió 50 efectivos. Este dato lo conocemos gracias a la respuesta a una pregunta parlamentaria realizada en 2014.  Aunque no tenemos datos concretos, desde 2012 a la actualidad, la cifra debe ser notablemente mayor.

Esto es algo que percibe muy de cerca la sociedad de las zonas rurales de Toledo bajo competencia de la Guardia Civil. De este modo, mientras los ciudadanos ven mermada de forma importante su propia seguridad, cargos políticos  como el ex presidente del Congreso,  deben de  pagarse, si es que la necesita,  su propia seguridad privada, y no seguir  manteniendo el privilegio de que sea el erario público quien se encargue de ello.

A esta injusta situación, hay que añadirle las pésimas condiciones que soportan los propios guardias civiles que prestan servicio en el domicilio del señor Bono, ya que sufren por parte de este y del Ministerio del Interior. Y es que en la desvencijada garita donde se presta el servicio no existe ni un mal frigorífico para, al menos tener agua fresca y, no sabemos si para ahorrar como siempre a costa del eslabón más frágil, en fechas recientes se ha desmontado el aire acondicionado que había instalado, algo que con la llegada de las altas temperaturas, además de ir en contra de la propia Ley de riesgos Laborales de aplicación en la Guardia Civil, supone un auténtico desprecio hacia la dignidad de los agentes que cuidan de la seguridad de este privilegiado expolítico.

Desde AUGC vamos a denunciar esta situación en todos los ámbitos a nuestro alcance para que los efectivos que se sustraen de la seguridad pública para dedicarlo a la seguridad del domicilio del Señor José Bono pasen a trabajar para la sociedad a la que se deben y no se siga manteniendo una situación de privilegio que ya debiera haber caducado hace mucho tiempo.

 

Con más de 30.000 afiliados, AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe).

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MSF denuncia más de 700 civiles heridos por combates en Tais pese al alto el fuego en Yemen

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado este martes que pese a que hace dos meses que está en vigor un alto el fuego en Yemen los civiles siguen sufriendo los efectos del conflicto, ya que han tratado en sus instalaciones a 1.624 personas por los combates en Taiz, la mitad de ellas civiles.
LA VOZ LIBRE

Solo el 20% de las empresas ha hecho auditorías energéticas, pese a las multas por no realizarlas

Solo entre el 20% y el 25% de las empresas obligadas por las directivas comunitarias, que son unas 4.000 en España, han hecho o están haciendo auditorías energéticas, y buena parte de ellas son de matriz internacional, según las estimaciones de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética A3e.
LA VOZ LIBRE

El alcalde de l’Alcora, Víctor García no paga las guardias a las farmacias pese a pactar un abono anual de 32.000 euros

Desde el mes de enero, los farmacéuticos de la localidad no han cobrado un solo euro de los comprometidos en un convenio que se aprobó con informes de ilegalidad

Las farmacias de l’Alcora con las que Compromís y PSPV pactaron financiar el servicio de guardias en la localidad no han cobrado un solo euro desde que el pasado enero

Las farmacias de l’Alcora con las que Compromís y PSPV pactaron financiar el servicio de guardias en la localidad no han cobrado un solo euro desde que el pasado enero pusieron en marcha la prestación. El alcalde de l’Alcora, Víctor García, no abona las facturas presentadas en el consistorio “y es una situación que está generando malestar y críticas, sobre todo si tenemos en cuenta que nos encontramos a finales del primer semestre y todavía no se ha abonado ninguna factura”.

Desde el Partido Popular de l’Alcora, Merche Mallol, regidora en el consistorio, ha anunciado su intención de consultar al tripartito por el impago del servicio a unos profesionales a los que, de acuerdo al convenio diseñado, suscrito y aprobado por el alcalde, se les debía abonar una cuantía anual de 32.000 euros.

En este sentido, en la actualidad se les deberían haber abonado más de 13.300 euros que en la actualidad siguen pendientes de saldarse a los farmacéuticos que sí están prestando el servicio. “Confiamos en que García nos dé una explicación que nos permita conocer la versión del tripartito, puesto que la de los profesionales que prestan el recurso de guardia es precisamente la de que se presta un servicio pero, sin embargo, no se cobra por él”.

Cabe señalar que García pactó con las farmacias abonar un importe de 96.000 euros en un periodo de 3 años por la prestación de guardias. Lo hizo con el apoyo del PSPV, cuyo líder, Samuel Falomir, “cambia de opinión como de chaqueta”, ha declarado Mallol. De hecho, el 10 de mayo de 2011 sostenía: “El Bloc sabe muy bien la actitud de los farmacéuticos, así que me sorprende que ahora prometa a los ciudadanos algo que no es competencia municipal, y que gobierno quien gobierne no va a poder hacer nada al respecto”.

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Ciudadanos da por seguro que entrará en el Partido de los Liberales y Demócratas por Europa pese a la oposición de Mas

Ciudadanos da por seguro que será admitido como miembro del Partido de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE) cuando, el próximo 4 de junio, el Consejo Político de ALDE celebre en Vilna la votación sobre la petición de ingreso de C’s, que contará con el rechazo de Convergència Democràtica de Catalunya.
LA VOZ LIBRE

El PSOE insiste en un gobierno tripartito pese a que Ciudadanos indica que “no ve posible” un acuerdo con Podemos

Valencia Noticias | Redacción.- El PSOE seguirá abogando por llegar a un acuerdo “de 199 escaños” con Podemos y Ciudadanos. Así lo señaló el portavoz parlamentario de los socialistas, Antonio Hernando, en rueda de prensa desde el Congreso, tras la comparecencia del vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.

Antonio Hernando asegura que el PSOE cree necesario ese acuerdo para un gobierno “de cambio”, que “millones de personas están esperando” en nuestro país “desde hace mucho tiempo”, indicó a los periodistas.

Ciudadanos “no ve posible” un acuerdo con Podemos.

Ciudadanos “no ve posible” un acuerdo con Podemos.

Los socialistas llegaron ayer por la tarde a la reunión en el Congreso de los Diputados con la intención de consensuar un acuerdo que incluya tanto a la formación naranja como al partido de Pablo Iglesias, y valoró, Hernando, positivamente que ambas formaciones se hayan sentado “cara a cara” para dejar claras sus posturas.

“Se lo han dicho a la cara: los que insistían en la ‘vía del 161’ ya saben que Ciudadanos no va a apoyar la misma, y los que insistían en la ‘vía del 131’, ya saben que esa vía tampoco es posible”, comentó.

Hernando aseguró que la única vía posible para constituir un gobierno es sumar un proyecto con Podemos y Ciudadanos: “Un proyecto plural, de cambio y que representa a la mayoría social en España. Las tres fuerzas representamos a esa mayoría”, subrayó pese a que José Manuel Villegas insistió en que “no ve posible” un acuerdo con Podemos.

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El tripartito de Burriana niega inversión para emergencia social y empleo pese a recibir 974.000 euros de remanentes de la etapa del PP

Modificación de créditos 2016
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Intervención informa desfavorablemente la primera operación económica que la coalición adopta y que confirma “que antes que en las personas piensan en ellos”

Burriana, 4 de abril de 2016: El tripartito que gobierna en Burriana liderado por la socialista María José Safont con los apoyos de Compromís y Podemos, elevará el próximo jueves al pleno de la corporación una modificación de créditos por importe de 974.006,07 euros que niega un solo euro a la emergencia social y el empleo.

La operación económica, en la que el tripartito gestiona los fondos obtenidos de la etapa del Partido Popular, “demuestra con hechos que la bandera del rescate ciudadano era un mero mensaje electoral que, una vez en el gobierno, ha dejado de ser prioritaria”. Juan Fuster, portavoz del Partido Popular en Burriana, ha lamentado que “pese al paro existente, pese a las necesidades de muchas familias de nuestra ciudad, no hay fondos para atender sus necesidades”.

La Intervención municipal ha informado desfavorablemente la primera operación que la coalición adopta en 2016 y que “deja patente en qué lugar coloca el tripartito a su anunciado rescate social”. De hecho, “de los 1,2 millones de remanente de tesorería, más del 90% de los fondos ya han sido reservados y dedicados a gastos generales, mientras ni un solo euro ha ido dedicado a invertir en las personas, vecinos a los que PSPV, Compromís y Podemos anunciaron que ayudarían con bonificaciones fiscales y ayudas sociales”. “En la práctica, piensan más en ellos mismos que en los vecinos a los que garantizaron el rescate”.

De hecho, ha declarado el regidor, “no se ha dado ni la medida tributaria ni tampoco la que corresponde al área de Servicios Sociales”. En la primera, “lo demostraron con su negativa a bonificar el IBI en parcelas como las del sector de Sant Gregori, en aplicación a una ordenanza que ellos mismos respaldaron el pasado año”. Por lo que respecta a las medidas sociales, “ni hay inversión en un proyecto de empleo ni tampoco partida destinada a subvenciones para las familias que están en situación límite”. Una situación que demuestra, “en qué orden de prioridades sitúa el tripartito a las personas”.

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